El Presidente del Tribunal de
Cuentas ha denunciado a los servicios administrativos por dificultar la labor
de transparencia que tienen que ejercer por mandato de la ley, "los
servicios administrativos no quieren facilitar los datos; los ocultan, a pesar
del artículo 7 de la Ley Orgánica", según ha afirmado Melchor Esono Edjo
en una reciente rueda de prensa.
"Los
servicios administrativos no quieren facilitar los datos; los ocultan, a pesar
del artículo 7 de la Ley Orgánica", según el presidente del Tribunal de
Cuentas, Melchor Esono Edjo, a los periodistas en la mañana del pasado 15 de
noviembre.
Cabe destacar que el Tribunal de Cuentas es creado tras la última reforma
de la Ley Fundamental de 2012, con el objetivo de garantizar la transparencia y
la correcta gestión económico-financiera del sector público de Guinea
Ecuatorial y, en este sentido, según Esono Edjo, tiene entre sus competencias “la
fiscalización de la Administración, la verificación del uso de los recursos
públicos, la evaluación de la eficiencia del gasto y la determinación de
responsabilidades cuando sea necesario”. Para poder trabajar y responder a las indicaciones de la
Ley, propone que se obligue a los funcionarios a facilitar los
datos que necesita el Tribunal de Cuentas. "Hay que obligar bajo sanción a
todos los funcionarios a suministrar los datos que necesitamos, no es que sea
sospechoso, sino de analizar si hay una malversación de los fondos del
presupuesto", ha detallado.
El Tribunal de Cuentas es un órgano técnico, y
como tal, está consagrado a velar por la transparencia, la rendición de cuentas,
de la gestión fiscal del Estado, es decir, “le compete fiscalizar, prescribir
los métodos de gestión, monitorear y evaluar; ", ha explicado Esono Edjo.
"Por todo el mundo,
los Tribunales de Cuentas supervisan el proceso presupuestario de la
Administración Pública”; por eso, ha lamentado que el proceso es contrario en
Guinea Ecuatorial.
Generalmente, los Tribunales de Cuentas son
instituciones orgánicas que “ejercen la función
fiscalizadora en relación con la ejecución de los programas de ingresos y gastos
públicos y se refinen al sometimiento de la actividad económico-financiera del
sector público a los principios de legalidad y de buena gestión”, es lo que
Melchor Esono Edjo está reclamando a la Administración Pública.
Cipriano C. Bekal'e
