El Fiscal General de la República, Anatolio Nzang Nguema, ha anunciado en este jueves la presentación de una querella criminal por parte del Ministerio Pñublico, contra los padres de Antonio Basilio Ndong, el menor de 16 años fallecido en el Hospital General Epitie Monanga de Bata, por la negación de sus padres de transfundirla sangre.
Según la Fiscalía, los progenitores, miembros de la
iglesia de los Testigos de Jehová, firmaron un documento en el hospital rechazando
la transfusión de sangre a su hijo alegando motivos religiosos. "Los
padres tienen derecho a la patria potestad, pero no a decidir quién vive o
muere", declaró Nzang Nguema en rueda de prensa.
Para el Fiscal General del Estado, esta negativa de
los padres representa un delito de omisión del deber de socorro, según lo
establecido en el artículo 514 del Código Penal de Guinea Ecuatorial, que
contempla penas de uno a tres años de prisión.
El menor fue ingresado en estado crítico. A pesar de
la insistencia de los facultativos, sus padres decidieron sacarlo del hospital
y llevarlo a una de curandería tradicional. Su estado se agravó y, días
después, murió.
El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio
Público por el Fiscal de Vigilancia Penitenciaria de Bata, tras recibir
información durante unas visitas rutinarias al hospital.
Nzang Nguema recordó que la Ley de Libertad
Religiosa reconoce el derecho a profesar una fe, pero impone límites cuando
estas creencias ponen en peligro derechos fundamentales como la vida y la salud
pública. Citó también el artículo 13 de la Ley Fundamental, que garantiza el
derecho a la vida, y el artículo 23, que obliga al Estado a proteger la vida
humana desde la concepción.
El Fiscal General lamentó que esta no sea la primera
vez que se registran casos similares protagonizados por fieles de esta
congregación religiosa. "No respetan los símbolos del Estado, rechazan
cualquier autoridad que no sea Jehová y se niegan a prestar socorro incluso en
casos de extrema urgencia", advirtió.
El Gobierno de Guinea Ecuatorial, a través del
Ministerio de Justicia, Culto y Derechos Humanos, ordenó el cierre temporal de
las actividades de los Testigos de Jehová en todo el territorio nacional. La
medida se adoptó luego de que esta confesión religiosa rechazara participar en
el Día Nacional de la Oración, celebrado cada primer domingo de abril por
mandato del Decreto Presidencial n.º 12/2017.
El ministro Reginaldo Biyogo Ndong Anguesomo
justificó la suspensión al considerar que la no asistencia del grupo religioso
constituía una “actitud de desacato e insubordinación” hacia los actos
institucionales establecidos.
Unas semanas después, una delegación encabezada por
Francisco Escobar Alba, representante regional de los Testigos de Jehová,
presentó las disculpas oficiales al Gobierno y se comprometió a respetar las
leyes religiosas del país, incluyendo la participación en ceremonias estatales.
Y ahora se habla de otra incidencia de indisciplina por parte de Los Testigos de Jehová. Las autoridades judiciales adelantan ahora una investigación completa sobre lo ocurrido y evalúan posibles medidas adicionales para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro.
