El Fiscal General de Guinea Ecuatorial, Anatolio Nzang Nguema, ha cuestionado la competencia de los tribunales españoles para juzgar a miembros del Gobierno y altos funcionarios de su país. Según Nzang Nguema, la causa iniciada en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid carece de fundamento legal, ya que los hechos investigados no ocurrieron en España ni involucran a ciudadanos españoles.
En una rueda de
prensa celebrada el 5 de marzo, el Fiscal General del Estado ha condenado los
procesos judiciales abiertos en España contra Carmelo Ovono Obiang, Nicolás
Obama Nchama e Isaac Nguema Ondo, todos ellos altos cargos del gobierno
ecuatoguineano.
Nzang Nguema ha
hecho memoria que el proceso se originó en 2020 a raíz de una denuncia
presentada por el Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera
República (MLGE 3R), una organización con sede en España cuyos miembros fueron
acusados en Guinea Ecuatorial por introducir mercenarios en territorio nacional
en diciembre de 2017 con la intención de ejecutar actos de terrorismo.
Esto, según el
Fiscal General, implica que España está albergando y da legitimidad a un grupo
considerado terrorista por Guinea Ecuatorial.
Nzang Nguema ha explicado que los supuestos hechos por los que se pretende juzgar a estas autoridades guineoecuatorianas no fueron cometidos por españoles ni por extranjeros con nacionalidad española, ni ocurrieron a bordo de buques o aeronaves españolas, ni se relacionan con delitos de traición, paz o independencia del Reino de España.
Por lo tanto, ha
subrayado, no encuentra argumento jurídico para que los miembros del Gobierno
de Guinea Ecuatorial comparezcan ante un tribunal ordinario de España,
especialmente si no se ha aclarado si la justicia española tiene competencia
sobre los hechos y las personas imputadas.
Este
pronunciamiento se produce en un contexto de tensión jurídica entre ambos
países. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, había intentado
ceder la jurisdicción del caso a Guinea Ecuatorial, aceptando la existencia de
una investigación paralela en ese país.
Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional anuló esta decisión, argumentando que la jurisdicción solo podría cederse en el marco de un tratado internacional que España no tiene con Guinea Ecuatorial.
La controversia continúa, con las autoridades de Guinea Ecuatorial defendiendo la soberanía de su sistema judicial y cuestionando la competencia de los tribunales españoles en este asunto.
Cipriano Camacho
Bakale ASUMU AYANG
